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Como veíamos ayer, en algún momento de la primera quincena del mes de julio de 1899 alguien, no sabemos quién, se puso a escribir una carta. ¿Fue un criptanense? No lo sabemos; quizá sí. Tal carta iba dirigida al gobierno, en particular a Eduardo Dato, ministro de la Gobernación, y a Manuel Durán y Bas, ministro de Gracia y Justicia. Y la carta, además de salirle muy larga, prolija y jugosa a su autor, resultó ser combativa y, suponemos, tendría su efecto. Y la carta se publicó en un periódico de tirada nacional, El Día, año XX, núm. 6.859, del viernes 14 de julio de 1899, por lo cual ya no fue asunto privado y se convirtió en problema público.

Veíamos ayer el extenso prefacio a la carta, y en él, como es de rigor en estos casos y como ordena y manda la recta retórica epistolar, se ponía al lector, en este caso a los lectores del periódico, como comunidad y también como vox populi, en antecedentes de la cuestión: La arbitrariedad que se estaría cometiendo con el juez municipal nombrado en Campo de Criptana, Francisco de Torres Ayala, al que, sin embargo, no se le concedía la vecindad solicitada en aquel momento hacía tres meses. Sospechaba el autor de la carta que tal circunstancia se podría explicar por el hecho de que el interesado estaba relacionado con José María Barnuevo, senador electo de la provincia de Ciudad Real, y, por tanto, que había motivos políticos en el fondo del asunto. Y continúa su razonamiento con más detalle el autor de la carta, y ahora nos ofrece el nudo de la cuestión, del siguiente modo:

D. Francisco de Torres, es hijo del Campo de Criptana, bajo todos los aspectos en que la naturaleza social del individuo se considere y en el concepto amplísimo que la ley concede lo mismo al que se naturaliza como español, que al vecino y domiciliado; lo es, porque sus abuelos, ricos terratenientes, allí pasaron la vida y allí yacen sepultados; lo es, porque sus padres, herederos de aquella cuantiosa fortuna, viven en Criptana y gozan de la vecindad y satisfacen las gravosas cargas como contribuyentes; y lo es, porque mayor de edad y soltero, no tiene en otro punto su residencia, domicilio, ni vecindad, y si (sic, por “sí”) en el pueblo donde habitan sus padres y donde siempre él residió; porque es lógico y legal el afirmar, que sigue en esta condición vecinal, el hijo al padre y el domicilio de sus mayores, al haber vivido siempre en compañía de ellos. Me dirijo á letrados y exigible es por tanto, que autorizadamente me dirija á ustedes, honra y prez de la abogacía y eminencias, en cuanto a la posición ministerial que ocupan, y como todos vestimos la toga, y desde distintas esferas todos la honramos, repito, que este alegato va en forma, para que ustedes puedan providenciar al modo y manera peculiares de sus respectivos departamentos.

Y una vez acabado el alegato en favor de la vinculación de Francisco de Torres con Campo de Criptana, pasa el autor de la carta al asunto jurídico en cuestión, en particular a desgranar artículos diversos de la Ley Municipal, como el 11, que tenía que ver con los conceptos de “residentes”, “vecinos” y “domiciliados” en un término municipal. Pero esto será ya cosa de mañana, el 20, sobre residencia de los jueces en los pueblos en los que ejerciesen sus funciones, el 109, sobre el requisito de ser español, haber cumplido 25 años y no estar comprendido en casos de incapacidad o incompatibilidad, o el artículo 121, sobre otros requisitos de los jueces municipales.

No sabemos si el autor de la carta es criptanense o no, pero ya podemos estar seguros de que era abogado, como indica el uso de expresiones como “todos vestimos la toga” y “todos la honramos”.

JOSÉ MANUEL CAÑAS REÍLLO

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